En defensa de quienes nos protegen

Cada vez que un vídeo de una intervención policial se hace viral, ocurre lo mismo: se juzga en treinta segundos de imagen descontextualizada lo que a un agente le ha tocado resolver en décimas de segundo, sin manual, sin editor y sin la posibilidad de repetir la toma.

No pido barra libre para nadie. Pido lo que pediría para cualquier profesión de riesgo: que el juicio se haga con los hechos completos, no con el fotograma que mejor genera indignación. Un policía no elige el conflicto al que acude; lo hereda. Va a la casa donde ya hay gritos, a la calle donde ya hay una navaja, al coche que ya no ha parado en el control. Y aun así, se le exige que la respuesta sea perfecta, medida al milímetro, mientras quien la ejecuta puede tener el pulso acelerado, información incompleta y a veces miedo real por su integridad física.

La diferencia entre criticar un caso concreto y deslegitimar el cuerpo. Hay actuaciones que merecen crítica, investigación y, si procede, sanción: eso es sano y necesario, y los propios mecanismos internos y judiciales existen para eso. Lo que no comparto es el salto automático de “este agente se equivocó” a “la policía española es el problema”. Ese salto no protege a nadie: ni a los ciudadanos, que necesitan una policía con autoridad para actuar, ni a los miles de agentes que cada día hacen su trabajo sin que salga en ningún telediario, precisamente porque lo hacen bien.

Las condiciones importan. Se habla poco de las plantillas insuficientes, de los turnos que se alargan, de los medios materiales que llegan tarde, de los procesos judiciales que se eternizan contra agentes que después son absueltos sin que nadie repare el desgaste personal y reputacional sufrido mientras tanto. Exigir profesionalidad sin hablar de estas condiciones es exigir peras al olmo.

Autoridad no es lo mismo que abuso. Una sociedad que erosiona sistemáticamente la autoridad de quien tiene que hacer cumplir la ley no gana en libertad: gana en desorden, y el desorden lo pagan siempre los mismos, los que no tienen recursos para protegerse por su cuenta. Defender a la policía no es estar en contra de la rendición de cuentas; es rechazar que la rendición de cuentas se convierta en sospecha permanente y en un discurso que da por buena la premisa de que quien lleva un uniforme es, por defecto, culpable.

Escribiré en este blog sobre casos concretos, con los hechos que se conozcan en cada momento. Pero parto de una premisa que no pienso disimular: creo que la inmensa mayoría de quienes visten un uniforme en este país lo hacen por vocación de servicio, en condiciones difíciles, y merecen que se les juzgue con la misma exigencia de rigor que exigimos para juzgar a cualquier otro.